Antecedentes, objetivos y temas irreductibles

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA ALIANZA

Vemos con preocupación que México no se ha comprometido con el esfuerzo internacional del Decenio de Acción por la Seguridad Vial[1] a pesar de haber suscrito la meta de reducir en 50% las muertes y lesiones por accidentes de tránsito, por lo que las cifras de mortalidad han permanecido altas.

Vemos que México aún no cumple con la mayor parte de lo estipulado en la Estrategia Nacional de Seguridad Vial (promulgada en 2011[2]), política pública que suscribe los compromisos del Decenio de Acción por la Seguridad Vial y del Plan Global para la Seguridad Vial, de las Naciones Unidas.
Vemos con preocupación que existe una notable ausencia de voluntad política a nivel federal, así como ausencia de liderazgo y acciones concretas para atender, de manera integral, la seguridad vial en el país.
Es por ello que, un amplio grupo de ciudadanos, organizaciones sociales y empresas del sector privado, compartimos el interés de promover una agenda amplia e incluyente en materia de Seguridad Vial en México.
Estamos convencidos de que es necesario unirnos para exigir, en una sola voz, que México se comprometa a actuar responsablemente, en los años que restan del Decenio de Acción por la Seguridad Vial.
Dado que hemos elegido un nuevo presidente en 2018, este año representa una gran oportunidad para organizarnos y para colocar la seguridad vial como una prioridad en la agenda política nacional, (que permita que se logren compromisos de los candidatos) para que se comprometan a implementar acciones con las que se reduzca sensiblemente el número de personas lesionadas y muertas en hechos de tránsito.

2. TEMAS IRREDUCTIBLES (MANIFIESTO DE LA ALIANZA)

Los integrantes de esta Alianza, respondemos al exhorto de la Agenda 2030[3] y del Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2011 – 2020, para salvar millones de vidas, evitar lesiones y discapacidad, que son causados por siniestros viales en todo el mundo.
Reconocemos con preocupación que en México suceden miles de muertes (y cientos de miles más de tragedias cada año), a causa de hechos de tránsito, que afectan a familias, empresas, gobierno en sus 3 niveles, y a la sociedad en su conjunto, aun cuando todos y cada uno de estos incidentes son predecibles, prevenibles y evitables.
Existe evidencia suficiente para demostrar que, con políticas públicas informadas en evidencia, con medidas de bajo costo y alto impacto, con trabajo multisectorial, con énfasis en la protección de los usuarios vulnerables, y con fomento de la participación social, podremos salvar miles de vidas y evitar gastos de miles de millones de pesos.
Para alcanzar un futuro en el que la seguridad vial sea una de las grandes fortalezas del país y no una de sus más penosas debilidades, es indispensable la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial, con un marco legal nacional, estatal, municipal y un presupuesto suficiente para su adecuado funcionamiento.
Es necesario que exista un marco legal adecuado, y esto se puede reflejar en la necesidad de una Ley General de Seguridad Vial, que contenga como temas irreductibles los siguientes:

Gestión

I. Máxima prioridad del tema de seguridad vial; Las acciones que se requieren para mejorar la seguridad vial requieren de la acción de varias secretarías de estado y dependencias a nivel federal, estatal y municipal, por lo que corresponderá al Presidente y a su Secretario de Gobernación dar cabal apoyo y seguimiento a la política de seguridad vial en el país, así como a los avances que en esta materia resulten.

II. La creación de una Agencia de Seguridad Vial Federal, con un marco regulatorio, personal técnico preparado y un presupuesto suficiente para su adecuado funcionamiento, reportando al más alto nivel de la administración.

III. Representantes (diputados y senadores) en seguridad vial; en las cámaras de representantes el tema debe ser abordado con la suficiente importancia, para la continua regulación y el impulso de medidas legales necesarias para la prevención de muertes por tránsito.

IV. Modelo de formación y homologación de técnicos especialistas; emanados de universidades e institutos educativos técnicos, es necesaria la formación de especialistas cuyo perfil ayude a gestionar la movilidad inteligente, sustentable y segura.

V. Policías de tránsito con formación homologada y adecuadas garantías laborales; los policías de tránsito deben contar con una formación adecuada y homologada a nivel nacional que permita realizar su labor con diligencia y autoridad con un enfoque preventivo y como figuras protagónicas en la seguridad vial.

VI. Homologar los sistemas de información en materia de Seguridad Vial; a nivel nacional, estatal y municipal, para que permitan la recolección de datos y la generación de información estandarizada, para diseñar intervenciones y evaluar el impacto de las políticas de seguridad vial.

Regulación

VII. Homologar reglamentos de tránsito a nivel nacional, estatal y municipal, incluyendo las definiciones, los derechos y responsabilidades de los usuarios de la vía, procedimientos, sanciones y otros temas relacionados.

VIII. Faltas graves deben ser delitos contra la seguridad vial; bajo el término de “delitos contra la seguridad vial”, las faltas más graves en el tránsito deberán juzgarse como delitos generando penas y antecedentes penales a los infractores.

IX. Estrategia integral de gestión de la velocidad en las vías, mismas reglas para vías similares en todo el país; de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, se solicita en todas las vías de tránsito establecer estrategias integrales para la reducción de velocidades, así como su gestión a través de campañas, herramientas normativas, infraestructura adecuada y segura, capacitación y tecnología.

Infraestructura

X. Enfoque de sistema seguro; que la infraestructura vial sea autoexplicable y tolerante para ajustarse mejor al comportamiento humano y a la posible ocurrencia de accidentes.

XI. Mejora de la normatividad; es necesario crear y mejorar normatividad relacionada con el establecimiento de los criterios se seguridad vial en la infraestructura para las etapas de planeación, diseño, construcción y operación de nuevos proyectos y vías en funcionamiento tanto en carretera como en vías urbanas.

XII. Asignación de presupuesto a los proyectos para la seguridad vial; por ley, todo proyecto nuevo deberá contar con un apartado dentro del presupuesto para garantizar la seguridad del mismo, incluyendo la auditoría de seguridad vial y el equipamiento técnico y tecnológico para la reducción de riesgos.

XIII. Planeación universal y sustentable; Calles completas, incluir las necesidades de todos los usuarios de las vías de tránsito en la planificación urbana, considerando el acceso universal y con áreas seguras y suficientes para usuarios vulnerables. Transporte sustentable, a través de la gestión sostenible de la demanda de transportes y la planeación del uso del territorio.

XIV. Diseño y mantenimiento adecuado, superficie de rodamiento sin imperfecciones y diseños ajustados a velocidades seguras, bien demarcada, balizada y señalizada de forma horizontal y vertical, y de acuerdo con la normativa oficial mexicana, con infraestructura aledaña que “perdone la vida” a quien se vea involucrado en un hecho de tránsito; banquetas amplias, planas, sin obstáculos.

XV. Funcionamiento seguro de vías; la evaluación de la seguridad de las vías se debe realizar permanentemente para ubicar geográficamente riesgos y número de víctimas e identificar tramos de alta siniestralidad y puntos críticos (como cruceros peatonales o del ferrocarril), y a partir de ello implementar soluciones probadas de ingeniería, controles y diseños sensibles a la velocidad.

XVI. Sistemas ITS; aplicación de tecnología para la mejora de la gestión del tránsito en vías urbanas e interurbanas con sistemas electrónicos de gestión del tránsito, así como de sanción a infractores.

Vehículos

XVII. Registro Público Vehicular: que funcione a nivel nacional (estandarizado y actualizado).

XVIII. Seguro obligatorio para vehículos automotores: Que sea obligatorio a nivel nacional y que una parte de sus costos sea para crear un fondo para financiar distintos aspectos preventivos de la seguridad vial.

XIX. Vehículos nuevos cada vez más seguros: Homologar la normalización nacional con la de los estándares internacionales mínimos en cuanto a condiciones de seguridad de los vehículos.

XX. Verificación de las condiciones físico – mecánicas de los vehículos en tránsito. Incluir en las regulaciones que todo vehículo a motor cumpla con la Inspección Técnica Vehicular periódica, de acuerdo con la NMX-D-228-SCFI-2015 para los automóviles y al NOM-068-STC-2-2014, para los vehículos de transporte público de pasajeros y de carga.

Usuarios

XXI. Estrategia de comunicación social permanente; las campañas oficiales para la reducción de riesgos en el tránsito deben ser continuas y enfocadas, con objetivos claros para disminuir las muertes en los factores más urgentes.

XXII. Políticas estratégicas para usuarios vulnerables; políticas prioritarias para la reducción de factores de riesgo y fatalidades en usuarios vulnerables especialmente peatones y motociclistas (para el que se desarrollará un programa de acción específica de seguridad vial de motociclistas) así como en niños y jóvenes.

XXIII. Sistema de formación de conductores y licencias de conducir: Homologar la formación de conductores a través de la estandarización y control de las escuelas de manejo, así como los tipos de licencias de conducir y los requisitos para obtenerlas y renovarlas, –que incluyan la aplicación de exámenes médicos, de conocimientos teóricos y de habilidades prácticas—para la certificación de aptitudes a todos los conductores (de cualquier vehículo automotor).

XXIV. Registro Nacional de Infractores de tránsito: que permita la identificación y sanción de conductas reincidentes, para evitar que aquellos conductores con actitudes y conductas infractoras puedan circular y usar a los vehículos como una herramienta perjudicial para todos los usuarios de la vía.

XXV. Certificación de empresas en seguridad vial. Es importante fomentar que las empresas que tienen flotas para el transporte de mercancías o de pasajeros, puedan identificar sus riesgos de seguridad vial proactivamente, y llevar a cabo programas de prevención de siniestros viales en el entorno laboral.

Postaccidentes

XXVI. Acceso mandatorio a la Recuperación de Datos del Choque (CDR). Ante un accidente con lesiones graves o muertes involucradas, los peritajes deben incluir el reporte del evento de la computadora de los vehículos involucrados.

XXVII. Certificación de ambulancias y de servicios de atención prehospitalaria. Las entidades de atención prehospitalaria deberán estar homologadas y supervisadas. Asimismo, las unidades deberán cumplir con la NOM 020.

XXVIII. Profesionalización de Ministerios Públicos. Los Ministerios Públicos deben de ofrecer un trato digno, justo, pronto y respetuoso hacia las víctimas de los siniestros viales. Las malas prácticas deben poder ser denunciadas y sancionadas por una contraloría nacional.

XXIX. Rehabilitación de víctimas. Garantizar servicios de pronta recuperación y apoyo a pacientes lesionados y deudos de fallecidos en accidentes de tránsito, para minimizar secuelas de tanto físicas como psicológicas.

Nuestro compromiso es con la vida, la integridad y la salud de todas las personas de nuestro país.
Invitamos a otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil, y a empresas del sector privado, a sumarse a este esfuerzo de naturaleza cívica y de carácter prioritario.

[1] Decenio de Acción por la Seguridad Vial, 2011-2020.

[2] Estrategia Nacional de Seguridad Vial, 2011 – 2020.

[3] Objetivo de Desarrollo Sostenible # 3 de las Naciones Unidas; Meta 3.6: Para 2020, reducir a la mitad (50%) el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo.